Un buen Ejecutivo ha de actuar pensando en el bien del conjunto de los ciudadanos y dar explicaciones, incluso, haciendo pedagogía de las mismas: ganará así infinidad de votos. Renunciar a beneficiar intereses partidistas es necesario; lo contrario, a la larga, le pasará factura como un secuestro o un chantaje. No siempre, por tanto, se puede agradar a todos, pero si la gente reconoce la Honestidad, Transparencia y Rentabilidad (H.T.R.) en su conducta triunfará y será premiado con la reelección, en su caso.
Los sindicatos (no empresariales) tienen la razón defendiendo a los trabajadores (la parte más numerosa y débil de la cadena de producción) pero, a veces, han de dar su brazo a torcer y rendirse a la evidencia. Han de evitar inmiscuirse en política aunque la condicionen y junto con los representantes empresariales arbitrar los sueldos que convengan para cada empresa (sean o no del mismo sector) con arreglo a las circunstancias de la misma (de la cual forman parte) y a las regulaciones contempladas en la Teoría de los números primos del Proyecto de Ciudades Ocupacionales (PCO).
La intervención gubernamental no sólo debe limitarse al cobro de impuestos o a la regulación de las actividades de las personas tanto físicas como jurídicas, debe ir más allá y participar en sectores claves, estratégicos y, sobre todo, asumir costes sociales que las entidades particulares imputarán al ciudadano en su propio beneficio.
Es lamentable que las empresas deban recurrir a la normalización de sus cuentas con la suspensión de pagos o quiebras. Posiblemente, para entonces, los activos productivos hayan desaparecido y las transacciones fraudulentas prescrito. Los responsables (sin excepción) tienen que pagar su mala gestión. Ha de darse a conocer el castigo impuesto y su cumplimiento, en aras a que cunda el ejemplo y reparada la conciencia ciudadana. Los sindicatos han de velar igualmente porque sus representados no los produzcan.
La deuda soberana se paga aplazando otros gastos monetarios ¡Esto no puede continuar! Parte de la renta para consumir pasa a manos de los inversores (capitalistas por regla general) lo cual significa más empobrecimiento y menores posibilidades de desarrollo. Además, los capitalistas por lo general, gastan mucho en bienes de lujo e inmovilizan parte de sus rentas en bienes improductivos (consumiendo en lugar de invertir) derrochando en bienes no duraderos, elevando precios, dando valor a torres de humo. Los gobiernos no reparan en ello y todo les vale mientras cobran sus impuestos ¡Y eso no es así! Deben intervenir limitando, regulando la especulación, poniendo freno a inmoralidades, acotando la codicia, no permitiendo la falta de Honorabilidad, Transparencia y Rentabilidad (H.T.R.) que ellos practican.
Los particulares aumentarán el riesgo por evadir sus capitales, pero no a nivel empresarial si a éstos se les facilita recursos, arbitran sus costes laborales y obtienen mayores beneficios ¡Y eso se puede hacer! Facultar al Gobierno (o a quien éste delegue) de amplios poderes para que intervenga en dar ocupación a quien no la tenga es una medida imperiosa a tomar. Regulará el mercado de trabajo (velando por los ciudadanos) en la dirección más conveniente. Será ideal que todos los recursos fluyan sin la imposición del más fuerte: señal inequívoca de libertad individual dentro del normal funcionamiento de la vida económica general.
La tendencia se encaminará a que el ciudadano se ocupe de sus asuntos personales, encauzados a su superación personal, por encima de su auge financiero. Por el contrario, las empresas optimizarán sus recursos sin preocuparse en exceso de la realización de las personas que la componen; el mayor tiempo libre, paradójicamente, hará que los particulares deleguen sus asuntos crematísticos a corporaciones especializadas en ello.
Mientras tanto, que la Paz y el Amor nos unan.
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