CAMBIEMOS LA CONSTITUCIÓN

¿Para qué sirven los notarios? ¿Para qué los procuradores? Se me antoja preguntarlo porque habiendo tantos registradores y abogados, tanta carencia de jueces y fiscales, mis dudas se acumulan para interrogarme: ¿son necesarios tantos mediadores que encarezcan la producción pudiendo reciclarse? Hace tiempo se quitaron los corredores de comercio y los agentes de cambio y bolsa y nada ocurrió: las operaciones bancarias, las de bolsa y todas las mercantiles se continúan realizando; pero aún se pueden reducir más costos, no a base de privatizar (cuyo efecto a la larga es el contrario al traspasar de manos el negocio) sino imitando a otros países con menores cargas operativas y burocráticas (a las que nos aferramos por costumbre) y con menor número de elementos (asesores, intermediarios, consejeros) en los entes públicos y consejos de administración de las empresas, que  ocupen otros menesteres donde seamos deficitarios. La producción ha de mejorarse no sólo rebajando sueldos a los trabajadores y sí afilando cosas tan engoladas que, además, no evita la corrupción.

Nada pasaría tampoco si se anulara el Senado y sólo quedara el Congreso como única Cámara legislativa. Quizás, ¿darle otra utilidad? Aquélla resulta inservible y supone elevados costes para los contribuyentes, existiendo un Tribunal Constitucional al que, a la mínima, se recurre. De igual manera se debería actuar con otras administraciones que duplican competencias dentro de una misma comunidad y no por ello son, ni muchos menos, más eficientes. Tal vez, no tenga por qué hacerse uniformemente en todas las autonomías y en alguna prime la cuestión de proximidad o en otras la centralización; puede que las facultades sean la materia decisiva y convenga contemplarse en casa caso. Por tanto, el examen de la Constitución se hace necesario. Y no sólo por eso. Hay muchas cosas más, al haber numerosas alternativas. Alternativas (no peligrosas y contrastadas en otros lugares) que deberían no desdeñarse para, cada vez, ir construyendo y perfeccionando, sin tanto dilema y con menos articulado, el instrumento legal más importante que tenemos como lo es la Constitución.

Las distintas opciones que citamos se pueden desarrollar en estatutos aparte (como en muchos casos ya se contempla) y ser refrendados por los ciudadanos. Y llegadas las elecciones, las formaciones políticas darían a conocer (en sus reglamentos y programas) cuáles serían las normas por las que optarían a la hora de tener que formar gobierno y dirigir el país, para que los electores supiéramos a qué atenernos sin ambigüedades y la responsabilidad pesara sobre el sujeto incumplidor con un castigo proporcionado. Indicarían, por ejemplo, su preferencia, el sí o el no, entre: ¿Federalismo, autonomías, independentismo? ¿Deuda, crédito, dinero social? ¿República, dictadura, monarquía? ¿Representación mayoritaria o proporcional? ¿Despido libre y pleno empleo? ¿No despido libre y paro? ¿Listas cerradas de partidos para las generales? ¿Abiertas personales para los municipios? ¿Proporcionar ocupación o  renta? ¿Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada? ¿Toda la riqueza del país estará subordinada al interés general? ¿Territorios forales? ¿Separación de poderes? ¿Libertad religiosa? ¿Separación real de bienes y derechos entre las personas físicas y las jurídicas? ¿Limitación de plazos y cargos en puestos públicos y privados? ¿Fórmulas para delimitar rentas y salarios? ¿Igualdad en la cultura, la salud y la riqueza? ¿Privatizar…?  Y un largo etcétera de las cientos de disyuntivas que a los electores se nos presentan a la hora de votar y participar con un mínimo de elementos de juicio concretos. La democracia (cuestiones, decisiones y medidas políticas que nos conciernen) se ha de asentar en la Honorabilidad, Transparencia y Rentabilidad y hacer de la Constitución la ley de leyes más amplia, más flexible más  anti frágil e innovadora que, difícilmente, tendría que reinterpretarse o modificarse.