OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS apuntadas en el Proyecto
de Ciudades Ocupacionales-P.C.O. son aquellas que regulan y acaban con las
subvenciones, los subsidios, las donaciones, los sueldos vitalicios, las
limosnas, la duplicidad de funciones administrativas, las ayudas a fondo
perdido y otras generosidades y opacidades a cambio de nada, que se realizan
con el dinero de todos. El dinero público ha de servir para el beneficio
público no para personas o sectores privados. El dinero no se ha de
dispersar en cuentas diversas de entidades financieras privadas. Antes, se hace
conveniente la creación de un Banco público comercial (aunque España cuente ya
con tal entidad, merced a ayudas que se debieron evitar) del que el ICO puede
formar parte, por ejemplo, para que, además de lo comentado en anteriores
entradas, canalice los caudales públicos y, a través suyo, obligatoriamente, operen
las administraciones del Estado e, incluso, los entes receptores de sus fondos
(Casa Real, Gobierno, Cortes, Ministerios, Consejerías, Juzgados,
Ayuntamientos, Cabildos, Sociedades de la Administración, Universidades, Partidos,
Sindicatos, Iglesias, etcétera). Un BANCO ESTATAL operativo al servicio del
interés público; capaz de satisfacer demandas privadas y empresariales, en
su caso, potenciando iniciativas, soluciones de financiación, siendo
competitivo con Honorabilidad, Transparencia y Rentabilidad, que han de ser los
principios generales para todas y cada una de las personas físicas y jurídicas.
Un extracto bancario único será el fiel espejo donde ver las cuentas: Una
medicina ideal para no tener que viajar a paraísos fiscales, sociedades
interpuestas y otros, en busca de trazas y transparencia.
Capítulo aparte merecen los conciertos globales a
establecer respecto al ADELGAZAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, LA SANIDAD, LA
EDUCACIÓN, LA JUSTICIA, que han de llevarse a cabo con carácter Universal y
Gratuito por los técnicos respectivos, independientemente de la ideología que
mantengan, en aras a los principios antes apuntados, que nos conduzcan a la
igualdad de oportunidades con eficacia y un desarrollo confortable. No ha de
darnos miedo, si es preciso, el cambio de la Constitución y adaptarla
convenientemente. Nada existe inmutable, ni siquiera el hombre lo es, por
lo que tampoco lo será la soberanía, la tierra o la forma de vivir de la gente.
¿Por qué no convertir al personal de las diputaciones, por ejemplo, en
asesores, promotores de empleo o trabajadores de otras empresas públicas? ¿Por
qué no aunar las Comunidades Autónomas uni-provinciales en nuevos territorios?
¿Por qué no elevar el esfuerzo, el trabajo, la propiedad, el bien común…, los
derechos y las obligaciones de los ciudadanos consagrándolos a Responsabilidad
de Estado?
En el P.C.O. insistimos en el acuerdo y la
convivencia, resaltando que en democracia son necesarios la flexibilidad, el
respeto a las ideas y la libertad de poder decidir; lo básico y la igualdad de
oportunidades que proporciona la educación y la justicia no se puede obviar.
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