¿ESTAMOS LOCOS O QUÉ?

 

¿Estamos locos o qué?

Es acojonante que se juzgue a alguien por aceptar un trabajo y que, además, unos terceros ¡en su sano juicio! pidan para él una condena de cárcel como si fuera un asesino.

“Cree el ladrón que todos son de su condición”. Pues no. No somos iguales y los hay quienes no están en su sano juicio: deliran y su hedor rezuma odio y crueldad.

Pueden alegar, suponer, apuntar, sospechar, creer, decir e, incluso, probar, que fue colocado por enchufe al ser hermano de un presidente maligno al que desprecian, o por ser homosexual a los que, no hace tanto, encarcelaban, o por cualquier otra ocurrencia, dado su incapacidad de admitir que éste pueda tener méritos propios.

Recelo e imagino que todos los que piden cárcel para la persona referida son quienes se la merecen por malintencionados, poniendo a prueba a jueces de un tribunal que han de decidir, y por necios, intuyendo que les darán la razón. Simplemente, pensar en tal posibilidad y disparate, me resulta aberrante, demencial, bochornoso, terrible. Las malas artes de las personas acusadoras, sus ansias y deseos perversos por hacer escarnio y causar dolor, son tales, que les delata como puros profesionales de las delaciones continuas que practican, por lo que, conociéndolos, no se les debía admitir en más causas, pues consumen excesivos impuestos de los que reniegan

Pero ¿quiénes son? Son los enemigos de la democracia, expertos en husmear vidas ajenas contrarias a sus ideas, acudir a los juzgados con recortes de revistas, informaciones falsas, sospechosas y no contrastadas que, aun sabiendo que son trolas y mentiras, invocan a sus aparentes visos de verdad. Poco les importa el coste que suponga, pues sirve de propaganda para sus fieles adictos seguidores que enarbolan banderas franquistas y no soportan que no gobierne su clase social.

Quien justa o injustamente, en su caso, haya proporcionado el trabajo público a la persona que nos ocupa, sin respetar las normas de licitación y contratación correspondientes, con el fin de que todos no tengamos las mismas oportunidades para conseguirlo, puede, lógicamente, ser motivo de sanción o pena importante, pero nunca de cárcel. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

En fin, ¿en qué cabeza cabe un castigo para quien, en su caso, acepta un trabajo, sea el que sea, público o privado? Dictamínese la actuación penal de quien lo otorga, de quien incumpla la ley, pero jamás de quien lo demanda y lo acepta.

Castigar a quien quiere trabajar es castigar al sentido común y más en España, donde el enchufe ha sido, es y será alma mater del amiguismo – si Dios no lo remedia- y antítesis de la igualdad y justicia practicadas en especial por personas poderosas para, con un as en la manga, reclamar después el favor prestado con sus compensaciones correspondientes.

No quiero pensar en un Tribunal que condena sin pruebas, pues para mí sería un tribunal no solo injusto sino perverso. Y me pregunto: ¿qué clase de veracidad e imparcialidad puede tener una intuición? ¿Qué clase de hombre es capaz de saber la verdad que una intención o presentimiento encierran?

Juzgar es muy difícil, pero castigar sin pruebas es perverso y, en su caso, se exige una reparación. Imputar es muy fácil, pero penar siendo inocente es insufrible.

¿Contra quién se ha de actuar? ¿Qué castigo merece quien yerra?