Si los hombres
tuviéramos presente que la empresa privada no elabora (por razones en las que
ahora no entramos) lo necesario para nuestra subsistencia, tendríamos que
recurrir al Estado o a la empresa pública y obligarles a que lo realizaran. Reiteremos que para toda acción se ha de
dar Honorabilidad, Transparencia,
Rentabilidad. Lo público puede asumir pérdidas, llegado el caso, si considera
que su proyecto beneficia a las personas (no abandonándolas a su suerte, procurándoles
lo básico, etcétera) y, por tanto, la Rentabilidad es un hecho. Así el Gobierno
se verá obligado a incrementar impuestos o, lo que es lo mismo, limitar
salarios y rentas, regular herencias y haciendas, etc., a fin de equilibrar sus
cuentas sin originar déficit, ni emitir deuda.
Si partimos de la base que hay un exceso de
producción en los países europeos y que el desgaste del planeta conviene
evitarlo; el actual modelo de producción, procurando
además que los productos duren más, sean más eficaces y saludables para los consumidores, hemos de intentar cambiarlo. Egoístamente a los europeos
(para no sucumbir) nos interesa que así sea. Si el número de pobres aumenta
cada vez más, aleatoriamente los ricos disminuirán y las empresas comerciales
competirán desaforadamente por la obtención de beneficios que irán a parar a
intermediarios y especuladores que son los que llevan y traen sus mercancías.
¿Cómo hacerlo?
Programar por parte de la iniciativa privada un reparto más equitativo de la
riqueza o, en su defecto, por parte del ente público como ayuda a países en
vías de desarrollo. No será preciso deslocalizar las empresas y sí crear nuevas
en otros lugares, con menores competencias e impuestos, bajos costes y otras
facilidades, a cambio de que sus beneficios se inviertan en el lugar de su
ubicación (dividendos no exportables) donde se produzca por y para los que carecen
de salud y comida, cobijo y ropa, educación y justicia que, con su trabajo,
podrán pagar todo eso y mucho más. Se acabaría con el paro para que la gente viva,
consuma y la producción básica no disminuya: un círculo de supervivencia del
que saldrán los mejor dotados, pero donde nadie carecería de lo esencial.
El trabajo hay que repartirlo hasta el extremo de
conseguir el pleno empleo. Si la empresa privada no ejerce esa función, será el Estado
o empresas creadas al efecto quien la ejerza e, incluso, convirtiéndose en el
Mercado laboral regulador. Su producción mantendrá una economía limpia, ecología
y saludable, colocando a todos los desempleados a desempeñarla fácilmente a
través de los distritos, municipios o lugares destinados al efecto. Y la rentabilidad de tal acción se encaminará
en muy diversas direcciones: a) abolir el paro; b) evitar la pobreza y
marginación; c) posibilitar cooperativas; d) dotar al mercado de recursos que
gastar; c) aumentar el consumo; d) restaurar
la dignidad personal; e) cultivar la producción; f) centralizar la demanda
laboral; g) extirpar la corrupción laboral en empresas y trabajadores tramposos;
h) establecer el autoempleo; i) ocupar a la gente fuera del ocio insano; j) acabar
con la mayor lacra social ; k) cumplir la Constitución; l) anular la prestación
por desempleo; m) etcétera.
Los entes
(privados o públicos) facilitadores de trabajo (un bien endémico) les interesa regular sus costos laborales por
lo que deberán establecerlos, a partir
de un salario mínimo de subsistencia (s.m.s) establecido por la Administración.
Sin intervención de sindicatos, unilateralmente, sin que tengan que ser iguales
a los de su sector o al resto de las empresas. Sencillamente, se puede
implementar la diferencia de 17 puntos entre el que menos y el que más gana. Más adelante, trataremos que los beneficios
se repartan en tres partes: Sociedad (impuestos), Trabajo (seguridad social,
pensiones) y Capital (dividendos a la inversión).
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