ANÓNIMOS DEFENSORES DEL PUEBLO

 

Es triste, pero así es. Hay que poner precio a la mentira, al engaño, a la mala fe.

Generalizar siempre es comprometido, además de injusto; sin embargo, a las personas de a pie, como a un servidor, nos molesta y perturba la mala fe. Ante ella no hallamos otra alternativa que tildar de embusteros, miserables y farsantes a quienes la practican de ordinario:  políticos, comunicadores, periodistas y otros que pululan por España. Pero eso no es así. Los hay de cualquier color y condición como somos todos los demás.

¿Qué hacer, por tanto, con la cantidad de noticias e informaciones con las que nos sorprenden unos y otros y terminan siendo trolas descaradas? ¿Aguantar, criticar?

Sugiero crear unos “anónimos defensores del pueblo” por una justicia objetiva y responsable de la honorabilidad. Un grupo de personas ignotas elegidas al azar detectoras y comprometidas con la verdad, con la capacidad para imponer multas crematísticas a quienes, de una u otra forma, lancen en cualquier medio público, escrito o hablado, mentiras, bulos, desinformaciones, engaños y demás noticias embusteras o tendenciosas para equivocar. El bolsillo duele bastante más que una detención o rapapolvos, aun cuando ambas cosas tampoco estarían de más.

La gente, en general, desconfía, se vuelve incrédula, no quiere saber nada y se desentiende. Y ante ese panorama hay personas que se paralizan, se decepcionan e, incluso, se enfadan con ellas mismas por haber creído en algo o alguien de buena fe cuando, en realidad ha sido engañada por un truhan de turno al servicio de un medio divulgativo serio que difunde noticias falsas, inventadas e interesadas para conseguir réditos o beneficios de cualquier condición, especialmente políticos y comerciales.

Estamos llegando, bajo mi punto de vista, a una indiferencia absoluta por parte de los receptores ante noticias de aparente realidad que, más tarde, descubrimos que no lo son. Sin embargo, muchas de las falsas informaciones facilitan los resultados apetecidos, buscados o cobrados por el emisor, toda vez que, aunque luego cuando se desmientan ya no tiene ni remedio ni solución y “si te he visto ni me acuerdo”.

Comprendo la dificultad que entraña “esa justicia”, la idea que expongo, sin embargo, la persona física o jurídica responsable de la divulgación, debería advertir avisando de la posibilidad de falsedad como una medida de precaución y, de no hacerlo, que ni la paz ni la caridad lo salve y pague una importante multa en dinero, lo que se estipule y determine con arreglo a la gravedad del asunto o al daño producido.

Bien, es cierto, que se sabe del pie que cojean muchos medios difusores, pero eso no justifica su mentira, ni siquiera para tener contentos a su parroquia o para lograr más consumidores. La verdad ha de estar por encima de todo, aunque pese y, por tanto, echar mano al bolsillo del vocero, que le duela o resienta sus beneficios.