Un año aproximadamente será necesario para que se consolide el primer pilar social (EXTINGUIR EL DINERO FÍSICO) tal como indicábamos en nuestra anterior entrada. Un tiempo en el que las Cortes de España podrán promulgar y desarrollar una Ley de Ocupación para lograr el Pleno Empleo, obligando al Gobierno a movilizar a todos los habitantes que, en edad laboral, no tengan trabajo. Es decir, exigir el cumplimiento constitucional que fuerce al Estado a crear ocupación en la que se asiente el segundo pilar social (EXTINGUIR EL DESEMPLEO) más importante para el bienestar ciudadano.
El Estado, en el menor tiempo posible, tendrá que establecer
una oficina local (distrito, barrio, aldea, municipio, ciudad) con medios técnicos
y humanos necesarios que lleven a término y con seguridad la Ley expuesta para
que el demandante de empleo, en un máximo de seis días, esté ocupado en la empresa
pública o privada y cuyo salario le permita vivir dignamente. La Administración
tendrá un censo diario permanente de las personas sin empleo, con sus datos
personales, características, experiencias y demás particularidades de cada uno
de ellos. Personas que dependerán del Estado (o quien este designe) mientras la
iniciativa privada no les coloque directamente.
El Estado se convertirá en el principal Mercado Laboral ante
la ausencia privada, incapaz de dirigirlo e imponerlo, y porque, por sí solo,
ni se regula ni se normaliza. Retendrá un 10% a cada perceptor para cubrir
parte de su pensión u otra contingencia.
Por el hecho de ser ciudadano español o habitante legal en
España nadie quedará atrás o desatendido. Este estará dispuesto a ser útil a la
sociedad ocupándose (trabajando o formándose) allá donde sea necesario. El
Pleno Empleo será una realidad y todo el mundo tendrá un salario digno para
poder vivir.
Las Administraciones (todas) revisarán cuantas prestaciones
económicas desembolsen (subvenciones,
retribuciones y demás caridades) y dejará de pagarlas, salvo las excepciones de
fuerza mayor que se contemplen. El Estado proporcionará ocupación que no podrá
ser rechazada repetidamente, en cuyo caso, de no justificarse satisfactoriamente, quedará sin emolumentos públicos y al albur de sus circunstancias personales. Las
administraciones públicas serán solidarias, pero no caritativas: remunerarán a
quien trabaje con un sueldo que se abonará en la cuenta bancaria del ocupado.
La abolición de los trabajos físicos irá en aumento. Los
trabajos para la comunidad se extenderán
hasta el punto de que el Estado copará la mayor parte de las tareas: seguridad,
sanidad, educación, atención social, intermediación de medios laborales… Los
emigrantes encontrarán trabajo o
formación de igual manera. Se necesita mucha mano de obra allá donde la empresa
privada no llegue, en la vendimia de La Mancha y la Rioja, en la recogida de la
cereza en Huelva y la aceituna en Jaén, en las tareas de la huerta de Murcia,
los naranjos de Valencia y los frutales de Lérida, en los chiringuitos de
Andalucía y hoteles de Canarias o Mallorca, y en otros lugares que el Mercado
Laboral habrá de satisfacer, siendo imprescindible habilitar, en su caso,
instalaciones decentes para que cuantos trabajen puedan vivir honradamente
(descansar, socializar, educarse, respetar leyes y normas tanto españolas como
extranjeras).
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