Las medidas propugnadas hasta ahora en la reforma laboral, dadas
a conocer en el presente blog, consideramos que benefician a las empresas y
trabajadores, al Estado o la Sociedad y a los diversos Sindicatos.
Las empresas tendrán las cuestiones que desde siempre han
reivindicado: Despido libre, contrato único y menor intervencionismo. Una vez
clarificados los costes laborales de producción, despido, salario mínimo y otros establecidos
de antemano por el Estado en colaboración con los sindicatos. (Véase, no
obstante, en este mismo blog, la Teoría de los Números Primos, al respecto)
Los trabajadores se aseguran un trabajo estable, cobrando un salario
digno para cubrir sus necesidades básicas (comida, cobijo…) y las perspectivas
de obtener una pensión con arreglo a sus cotizaciones, olvidándose de la
precariedad e ingresos mínimos vitales que desaparecerán al no ser necesarios. (Tratamiento aparte merece la inmigración).
El Estado recaudará más. La hucha de la seguridad social
aumentará, dado que serán más las personas que coticen y las pensiones se verán
revitalizadas. Se evitarán los fraudes de empresas y de trabajadores, ya que no
podrán pagar en negro, ni trabajar
sin ser dado de alta en la seguridad social. La Sociedad se verá libre de
ayudar a parados que no existen, salvo que haya personas que prefieran ser mendicantes.
Los Sindicatos limitaran sus funciones aunque se potencien
otras como las de asesoramiento a empresas, a trabajadores y la Administración
con relación a la problemática laboral que se origine (salario mínimo,
despidos, convenios, derechos y obligaciones) y aquellas otras que representen
un detrimento para el mercado cuando el mercado está dominado por acuerdos u
oligarquías empresariales.
Todo cuanto hemos escrito en este blog respecto a los temas
laborales los consideramos de importancia vital, posibles de establecer, dadas
las tecnologías administrativas actuales, y considerablemente beneficiosos. No
obstante, hoy mismo, las noticias nos informan que se ha llegado a un acuerdo
interesante en este sentido entre las partes y nos alegramos de ello. Por
tanto, no avanzaremos en más cuestiones al respecto, ni siquiera las económicas, excepto en la imprescindible
necesidad de que se acometa una vigilancia a los mercados regidos por intereses
particulares, a las empresas esenciales para los ciudadanos (salud, enseñanza,
alimentación, vivienda, energía), a los grupos de poder con capacidades por
encima de gobiernos y el encarecimiento de sus servicios y productos sin razones lógicas que los avalen.
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