domingo, 7 de enero de 2024

UN PLAN DE DIOS

 Viernes cinco de enero de 2024. Leo en La Tribuna de Toledo (página 10) que un grupo de sacerdotes de las diócesis de Toledo y Cádiz han impulsado una petición en la plataforma ciudadana Change.org, en la que ya han recogido más de 2400 firmas, para pedir al Papa Francisco que anule la declaración Fifucia suppicans, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que permite bendecir a parejas formadas por personas por personas del mismo sexo o divorciados y vueltos a casar, pero al margen de cualquier ritualización e imitación del sacramento del matrimonio.

Eso dice la noticia de cristiandad,  alegando que (cito textualmente) “bendecir parejas en situación irregular o en convivencia homosexual, aunque sea de forma extralitúrgica, contradice el plan de Dios. En conciencia, no podemos aceptar el reconocimiento de este tipo de bendiciones.”

¡Asombroso! ¡Hablar de un plan de Dios! De un Dios que, si existe, nos hizo sin diferenciar a homosexuales, lesbianas, cojos, idiotas... ¿Qué sabrá esta gente de los planes de Dios?

Para aumentar mi fascinación, termina el artículo diciendo: “ El Vaticano asegura que la declaración aprobada en Diciembre por el Papa Francisco no cambia la “doctrina sobre el matrimonio” y que son los obispos los que pueden discernir “su aplicación según el contexto”. Además, ha precisado que a través de las posibles bendiciones no se “aprueban ni justifican la situación en que se encuentran esas personas”.

¿Quién se creen que son los obispos? Hay que echar mucho morro para seguir, todavía hoy, discriminando a la gente. ¿Acaso Dios no rechaza las aberraciones curiales? ¡Cuánto cuento!

Está claro que no debería, en los tiempos que corren, darle importancia, pero me da rabia y coraje porque parte de mis impuestos, a través del Estado, van a parar a esos señores que se consideran representantes de Dios, por encima de bien y del mal. De una religión que  creció siendo una secta, como todas las sectas y religiones, para hacerse dueños de millones de voluntades y millones de euros. ¡Y todo, por mandato divino, por un plan de Dios!

No podemos olvidar, sin duda, que todavía mucha gente sigue creyendo en la doctrina de la iglesia y en sus dirigentes. Mi respeto a todos ellos. Sin embargo, sinceramente, quien no crea en las religiones (sea cual sea) no tendría que estar obligado a contribuir a sus caprichos y gastos. ¡Bastante patrimonio regalado tienen en explotación obteniendo pingues beneficios!

El Estado, que se nutre de los impuestos de todos, no debería aportar ni un duro más a ninguna de las iglesias. Qué cada uno de nosotros lo haga por su cuenta. ¡Ya está bien!  El Estado ha de protegernos y proporcionar, en la medida de lo posible, bienestar, pero, para ello ¿ha de pagar a las iglesias? Esas organizaciones caducas que desprecian a las personas por su inclinaciones sexuales o, sencillamente, por cambiar de parejas, cuando entre sus miembros, como en botica, hay de todo. Unas organizaciones potentes, enriquecidas, anti mujeres, con crímenes, guerras y juicios diabólicos a sus espaldas, a juzgar por su historia, es de todo menos caritativa, ¿acaso necesita de nuestros diezmos? Si España, según la Constitución, es a confesional, ¿por qué, entonces, seguimos alimentando a tales confesiones. ¿A quién interesa eso?

Ya esta bien de tirar nuestros impuestos en saco roto, que en nada nos beneficia. Al contrario, es dinero de muchos para unos pocos que, con sus prepotencias, derroches y mentiras nos dominan y amargan la vida a mucha gente. El Vaticano sabe que maneja una mercancía gratis, que no merma ni pasa de moda. Y sabe y lo manifiesta que somos un rebaño balando a su compás mientras ellos están empleados en la sinecura. Terminemos de una vez con su festín.

En democracia, además de nuestros votos, deberíamos aportar soluciones, una de las cuales pasaría porque cada cual indicara a qué o a quién destinar o no sus impuestos. Unos impuestos que, a mi juicio, deberían igualarnos. En mi caso, abogaría porque los míos no fueran a ninguna confesión religiosa. Y si a la enseñanza y a la educación, al menos en un 25% a cada uno. El otro 50% que se dedique a lo que sea menester, siempre velando por aligerar los gastos.

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